MP señala a Jochi Gómez y Hugo Beras

Jochi Gómez y Hugo Beras presuntamente habrían desempeñado papeles cruciales en una organización criminal dedicada al desvío de fondos públicos por medio de la manipulación de contratos estatales y el lavado de activos.

Así lo señala el Ministerio Público, según la medida de coerción solicitada contra ambos funcionarios. De acuerdo al informe, que abarca 304 páginas, destaca la gravedad de las imputaciones y menciona que, de ser hallados culpables en un juicio, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

El relato del Ministerio Público indica que Beras aprovechó su posición para otorgar contratos fraudulentos, mientras que Gómez se benefició económicamente al operar empresas que actuaron como instrumentos para el desfalco de recursos estatales, todo bajo una apariencia de legalidad, sustentada en la falsificación de documentos, usurpación de identidades y abuso de poder.

A Jochi Gómez, propietario de Aurix, se le atribuyen al menos cinco vi0laciones graves a la ley. Según el documento, él fue el principal beneficiario de la estructura de corrupción, utilizando empresas fachada como Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S. para obtener contratos millonarios sin cumplir con los requisitos legales y técnicos exigidos. Estas empresas, creadas específicamente para este esquema, carecían de experiencia previa en la gestión de sistemas semafóricos y de videovigilancia, algo que fue deliberadamente ocultado.

Además, se le imputa la usurpación de identidad empresarial, ya que logró que Transcore Latam S.R.L. fuera adjudicada en una licitación mediante la simulación de ser una filial de la empresa estadounidense TransCore LP. Esta afirmación fue desmentida posteriormente por representantes legales de la entidad estadounidense.

En cuanto al lavado de activos, una vez adjudicado el contrato a Transcore Latam S.R.L., se alega que Gómez Canaán desvió fondos del Estado a cuentas vinculadas a INPROSOL S.R.L. y otros socios en el esquema, utilizando una red de transferencias bancarias para blanquear el dinero proveniente de actividades corruptas.

Gómez Canaán también es acusado de sabotear la red semafórica de Santo Domingoa finales de agosto de 2024, provocando un caos en el tránsito de la ciudad. Este acto ha sido catalogado por las autoridades como un acto de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado.

Otro cargo en su contra incluye el acceso ilegal a tecnología de defensa. Se señala que logró obtener contratos del Ministerio de Defensa para adquirir y utilizar tecnología reservada, que fue utilizada para espionaje y manipulación de sistemas de seguridad, representando un grave riesgo para la seguridad nacional.

Por su parte, las acusaciones contra Hugo Beras incluyen la adjudicación fraudulenta de contratos durante su gestión en el INTRANT, donde dirigió la asignación de contratos millonarios a empresas que no cumplían con los requisitos técnicos, particularmente a Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S., vinculadas a Gómez. Esta adjudicación fue el resultado de un proceso de licitación manipulado que careció de transparencia.

Entre los actos de corrupción también se menciona una inflación injustificada del presupuesto para la modernización del sistema de semáforos y videovigilancia en el Gran Santo Domingo, que pasó de RD$104 millones a RD$1,200 millones sin la justificación adecuada.

Finalmente, Beras, en colaboración con sus asociados, diseñó un pliego de condiciones a medida de Transcore Latam S.R.L. y participó en la falsificación de documentos que certificaban la entrega de bienes y servicios que nunca fueron ejecutados. Asimismo, autorizó la certificación falsa de que el INTRANT contaba con los fondos necesarios para llevar a cabo la licitación, cuando estos no estaban disponibles hasta meses después.