SE ESTÁ PONIENDO AGRIA LA PIÑA.
Traficantes de Haitianos ilegales podrán pasar entre 20 y 30 años en la cárcel.
Ahoramismo Senado de la República Dominicana, aprueba modificaciones a la nueva ley de trafico con seres humanos.
El Senado de la República declaré de urgencia y aprobó este martes en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que modifica el artículo 3 y agrega el artículo 3.1, a la ley no.137-03. Esto, sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, Antonio Manuel Taveras Guzmán, presentó un informe favorable de la pieza legislativa. Solicitó que la acoja el pleno para que la declaren de urgencia y aprueben en dos lecturas consecutivas.
En lo adelante, el artículo 3 de la normativa, contempla infracciones graves de trata de personas mediante la captación. Así como también, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas recorriendo a la amenaza, fuerza, entre otros.
La pieza remitida por el Poder Ejecutivo, refiere en el párrafo I, que el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo. No constituirá causal de exoneración de este ilícito penal.
Mientras, que, en el párrafo II; indica que cuando la infracción grave de trata de personas se cometa en perjuicio de niño, niña, personas discapacitadas o vulnerable, no será necesario para su configuración, que concurran ningunos de los medios enunciados esto es, el empleo de engaño, rapto, uso de la fuerza, coacción, entre otros.
Sanciones por el Senado.
El proyecto de ley, en lo adelante, agrega el artículo 3.1; que establece que la trata de personas se sancionará con pena de 10 a 20 años de prisión. También, una multa de ciento cincuenta a trescientos salarios mínimo del sector público.
La ley establece en el párrafo primero que la infracción grave de trata que se cometa en perjuicio de niña, niño y adolescente. Así como de personas incapacitadas o vulnerables. Las cuales sancionarán con 20 a 30 años de prisión y con multas de trescientos salarios mínimos del sector público.